El defensor del pueblo pone en entredicho la norma de Podemos para el acceso a una vivienda pública
COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia
Actualizado Viernes, 6 mayo 2022 —01:34
Critica, tras abrir una queja de oficio, que la Conselleria de Vivienda dificulte los trámites a los colectivos más vulnerables y que tarde años en dar respuesta a las solicitudes
La arquitectura legal que ha preparado el departamento de Vivienda de la Generalitat Valenciana, en manos de Unidas Podemos, para el acceso a una vivienda pública no solo tiene algún que otro agujero, sino que directamente da la espalda a los colectivos más vulnerables. Es la principal conclusión de la investigación abierta por el defensor del pueblo valenciano, el llamado Síndic de Greuges, tras la queja de oficio que inició contra un decreto de Vivienda que obliga a realizar todos los trámites de manera telemática.
Fue una de las primeras normas que puso en marcha el actual vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Héctor Illueca. El también conseller de Vivienda y dirigente de la formación morada siempre ha defendido que cuando aterrizó en el departamento se encontró con que el registro de demandantes de vivienda pública que no estaba regulado. El decreto ahora en cuestión perseguía dar respuesta a todas las personas que se inscribían demandando una vivienda pública tal y como reconoce la ley valenciana de función social de la vivienda.
Sin embargo, en una resolución que firma el Síndic de Greuges, el socialista Ángel Luna, se pone en entredicho las bases del decreto. Paradójicamente, por poner una barrera administrativa a quienes más necesidad tienen de un recurso habitacional. Según la resolución del Síndic de Greuges, «la realidad nos muestra como el perfil de las personas que solicitan la concesión de una vivienda pública, al no poder satisfacer la necesidad que
