‘Caso Pegasus’
RAÚL PIÑA
Madrid
Actualizado Miércoles, 18 mayo 2022 —19:13
Gabilondo zanja que los autos del magistrado del Tribunal Supremo encargado de la autorización judicial previa «estaban extensamente motivados».
Para tratar de calmar a sus socios nacionalistas tras estallar el caso Pegasus, el espionaje por parte del CNI a líderes independentistas, el Gobierno ofreció, además de un «control interno» de los servicios secretos -su directora fue finalmente cesada-, una investigación por parte del Defensor del Pueblo. Ángel Gabilondo ya ha concluido su trabajo y concluye que la actuación de los servicios secretos se ha realizado conforme a la Constitución y la Ley.
Para poder realizar su análisis, Gabilondo ha tenido acceso a documentos clasificados, a las autorizaciones judiciales que avalaron el espionaje mediante el sistema Pegasus a 18 líderes independentistas. Son las autorizaciones que Paz Esteban, ex directora del CNI y que fue cesada hace unos días en plena polémica, exhibió a los portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión de secretos oficiales para constatar que los servicios secretos actuaron bajo autorización judicial.
Tras estudiar los autos del magistrado del Tribunal Supremo encargado de la autorización judicial previa para estas escuchas, el Defensor del Pueblo zanja que son autos «extensamente motivados, esencialmente fundados en hechos concretos y las intervenciones de las comunicaciones previamente autorizadas en todos los casos examinados».
Asimismo, hace hincapié en el «elevado grado de detalle de la información de la que disponía el magistrado del Tribunal Supremo para adoptar la decisión»; y recuerda existencia de un protocolo que articula la relación del CNI con el magistrado del