“El Gobierno no tenía ningún conocimiento”. Lo aseguraron fuentes de La Moncloa el jueves, cuando trascendió que la directora general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, había confirmado en la comisión de secretos oficiales del Congreso el espionaje, con autorización judicial, al presidente catalán, Pere Aragonès, y otras 17 personas vinculadas al movimiento independentista. “Ni el presidente ni el Gobierno saben ni quieren saber a quién ha espiado el CNI”, añadieron estas fuentes.
¿Es posible que Pedro Sánchez no estuviera informado de que el líder de ERC, uno de sus socios en el Congreso, estaba en el objetivo de los espías españoles? “No me lo creo”, responde contundente un exdirector del CNI. “Es probable que no lo supiera”, discrepa otro. “Depende”, zanja un tercero. Solo hay tres exdirectores en la historia del centro.
“El CNI”, explica el segundo de los consultados, “eleva al Gobierno los informes que elaboran sus analistas y estos se nutren de orígenes diversos: fuentes abiertas o propias, humanas o tecnológicas”. “El CNI no revela sus fuentes, como tampoco lo hacéis los periodistas. Lo que hace es puntuar el grado de fiabilidad de cada una. Otra cosa es que, si en un informe se citaba a Pere Aragonès, lo que parece lógico, ya que estaba siendo escuchado, alguien se preguntara de dónde salía el dato”, prosigue.
Esa es la norma general: no informar al Gobierno, a priori, de a quién se espía. Pero, cuando aparece un político en el punto de mira, la cosa cambia. “Yo me lo habría pensado más de dos veces antes de pedir la intervención del teléfono de un cargo público”, reconoce uno de los exdirectores. “Y en caso de hacerlo”, añade, “lo habría puesto en conocimiento del Gobierno”. Otro antiguo