Los españoles dijeron adiós a las mascarillas el pasado miércoles, pero el recuento de la factura económica de la pandemia aún sigue abierto. Las comunidades autónomas han devuelto al Tesoro Público más de 776 millones de euros tras no poder adjudicar todas las ayudas directas a las empresas más golpeadas por el coronavirus, según datos difundidos esta semana por el Ministerio de Hacienda.
Tras estudiarlo durante meses y recibir críticas por el retraso y la escasa potencia de fuego, el Gobierno aprobó hace un año un fondo de ayudas directas para que las pymes y los autónomos que más sufrieron con las restricciones impuestas por la pandemia pudieran pagar sus facturas y costes fijos. La línea de ayudas, dotada con 7.000 millones de euros, fue diseñada para que fueran distribuidas a través de las comunidades autónomas. Las islas, Baleares y Canarias, recibirían 2.000 millones de euros del total por ser los territorios más afectados por el peso del turismo en su actividad económica.
Al ministerio de Economía le obsesionaba que los subsidios se repartieran sin los suficientes controles y que después aparecieran problemas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, era consciente de que en otros países que habían dado ayudas similares se habían dado casos en los que una empresa que había recibido las ayudas había cerrado inmediatamente después. Así que impuso unas condiciones muy restrictivas para cobrar las ayudas. Además, se decidió que el proceso no lo pilotara la Agencia Tributaria para no sobrecargarla. Y al endosarlo a las comunidades, de paso el Estado central evitó el escrutinio que más adelante aplicará el Tribunal de Cuentas.
Pero los subsidios no fluyeron como se esperaba. El Gobierno tuvo que ampliar en varias