El Gobierno limita la reforma de las universidades y la deja en manos de los claustros
El proyecto de reforma universitaria de Manuel Castells (ministro entre enero de 2020 y diciembre de 2021) tuvo hasta cuatro versiones y, en su intento de contentar a todos los sectores, el clima de la negociación se enrareció y terminó con el plantón de los rectores, que se negaron a emitir un informe preceptivo de la ley. Así que Joan Subirats, sucesor de Castells, ha optado por limitar el alcance de los cambios y dejar en manos de los claustros de las universidades los asuntos más espinosos.
El nuevo proyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presentado este lunes por Subirats, concede a los claustros ―donde están representados todos los estamentos― la capacidad de decidir las cuestiones que tienen que ver con el gobierno de los campus: sus funciones, estructuras de los órganos, elección de rector y decanos… Es decir, ha deshinchado las expectativas de cambiar la gobernanza del sistema como reclama Bruselas para que sea más ágil en su gestión y competitiva.
En paralelo, ha enriquecido la norma en asuntos clave en el siglo XXI en los que sí hay sintonía académica: el aprendizaje a lo largo de la vida, la obligación de ofrecer libre acceso a los artículos científicos aunque la investigación esté financiada con fondos privados o la participación ciudadana en la investigación. Subirats ha afirmado que el proyecto se ha simplificado para no tener que arrepentirse después por “las rigideces”; “no queremos confundir igualdad con homogeneidad”.
“Los estatutos de las universidades establecerán y regularán los siguientes órganos colegiados: Claustro Universitario, Consejo de Gobierno y Consejo de Estudiantes. Asimismo, establecerán el Consejo Social y podrán establecer y regular consejos de escuela y de
