«Mi caso va a ser un ejemplo para que se tenga en cuenta a Naciones Unidas cuando el Estado se calla y no hace caso a una víctima, como me pasó a mí, que he estado nueve años sin que la Justicia me escuchara y sin posibilidad de tener un juicio».
Sus iniciales son E.L., tiene 42 años, cotiza desde los 17, es integradora social y ha conseguido que la justicia española dé una zancada histórica: por primera vez, la Audiencia Nacional considera que las resoluciones de Naciones Unidas son vinculantes. Es decir, que la Justicia y la Administración españolas deben cumplirlas.
Esta vez, el asunto tiene que ver con un caso de tratos crueles, inhumanos y degradantes. «Mientras no se proceda a la reparación plena, como indica el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, se perpetúa la vulneración de los derechos humanos«, sentencia la sentencia.
La espoleta es el caso de una mujer que sufrió la rotura del tabique nasal durante una detención policial en Córdoba en 2013. La demanda que lleva casi nueva años encima de muchas mesas judiciales cuenta que los agentes le tiraron del pelo, la golpearon contra el pico de la puerta del coche patrulla y aplicaron sucesivos frenazos para que su cabeza se estrellara contra la mampara de separación de los asientos delanteros y trasero del vehículo. E.L. pidió que los policías llamaran a los servicios médicos y ante su negativa, utilizó su propio teléfono móvil para llamar a una ambulancia. El vehículo de emergencia sanitaria llegó a la comisaria y trasladó a la mujer a un hospital donde fue operada de la nariz e ingresada durante cinco días.
A través de su abogado, Valentín Aguilar, de la Asociación Pro Derechos Humanos-Andalucía, la víctima denunció los presuntos malos tratos, pero ni el