Once autonomías recortaron el gasto en dependencia el año pasado respecto a 2020
El año pasado, 11 comunidades autónomas disminuyeron su partida para dependencia respecto a 2020, según los datos publicados este martes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En un informe en el que analiza las últimas cifras oficiales, acusa a los gobiernos regionales de “hacer caja” con el incremento en los Presupuestos Generales del Estado, “aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas en situación de dependencia”. En 2021, la aportación del Ministerio de Derechos Sociales subió un 44%, hasta alcanzar los 1.992 millones de euros. La financiación de las comunidades se elevó en un 0,57%, hasta los 7.566 millones (las que subieron su financiación compensaron a las que la bajaron). La situación en Cataluña (con 55,1 millones menos) y en Canarias (con 43,6 menos), las dos autonomías con mayor lista de espera, es “especialmente sangrante”, según la asociación. En términos absolutos, son las que más disminuyeron el gasto.
El grueso de la financiación de la dependencia reposa año a año sobre los hombros de las comunidades autónomas, pese a que la ley establece que estas deben aportar al menos tanto como la Administración General del Estado. En 2021, según los datos publicados por la asociación, las autonomías sufragaron el 79,2% de la financiación pública y el ministerio, el 20,8% restante, aunque hay variación por autonomías (en Galicia, la aportación autonómica es del 67% y en el País Vasco es del 88%).
El año pasado fue el primero del plan de choque aprobado por Derechos Sociales y las comunidades para relanzar el sistema de la dependencia, y por el que el Gobierno ha inyectado unos 1.800 millones de euros nuevos respecto a 2020, si se suman los presupuestos de
