Dijo el conde de Romanones «hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos». Interior, comunidades autónomas, ayuntamientos y mandos policiales han emulado fielmente a Romanones desde hace 30 años. La sentencia del Tribunal Constitucional contra la ley Corcuera de 1992 y su patada en la puerta, coincidió con el Tribunal Supremo en las condiciones necesarias para identificar a ciudadanos en la vía pública, pero ni una ni otra se han cumplido nunca porque los mandos interpretan el principio de autoridad expansivamente, sin respetar los derechos civiles de la ciudadanía. Esa deriva llevó a varias entradas sin mandamiento judicial en domicilios de Madrid el último año, tres de ellas en investigación judicial.
La ley Corcuera